Imaginen la escena: un agente federal, con su maletín reglamentario y cara de pocos amigos, se sienta en un despacho, no para desarticular un caso de corrupción masiva o espionaje internacional, sino para determinar el origen geográfico de unas… ¡prótesis de broma! Sí, han leído bien. La empresa Renee Goods, especializada en ese tipo de artículos de novedad que garantizan la risa en cualquier fiesta (o despedida de soltero), está en el punto de mira de las altas esferas gubernamentales.
El tema central de esta épica persecución no es otro que el etiquetado y el delicado orgullo patrio. Al parecer, la compañía estaba vendiendo alegremente su catálogo —que incluye disfraces, accesorios de humor y, por lo que se desprende de la documentación, senos postizos de utilería (o ‘Good-sized’ como los bautizaron con guasa)— con el sello de calidad y patriotismo del ‘Made in USA’.
El problema, que ha activado las alarmas federales, es que, como ocurre con la inmensa mayoría de artículos de bajo coste que encontramos por el mundo, estos cachivaches tenían un largo viaje transoceánico a sus espaldas. Su origen era, presuntamente, un poco más oriental: China. La diferencia entre un etiquetado honesto y uno fraudulento es una línea delgada y seria, incluso cuando los productos en cuestión están diseñados para ser absurdos.
Esto no es moco de pavo para los funcionarios encargados de velar por la honestidad del mercado. No obstante, es imposible evitar imaginarse la tediosa labor del inspector de turno. ¿Cómo se siente al tener que contrastar albaranes y facturas de envío para determinar si unas bragas con mensaje obsceno o un bigote de pega cumplen realmente con los requisitos de fabricación local? La burocracia, en su infinita y a veces cómica sabiduría, ha decidido dedicar recursos federales a esta peculiar cacería de la falsedad patriótica en el sector de la risa. Es un recordatorio hilarante de que, incluso si tu negocio consiste en vender tonterías, el Gobierno siempre encontrará el camino para preguntar: «¿Y de dónde ha salido exactamente esta tontería?» Un caso que demuestra que los límites de la seriedad regulatoria se diluyen en el absurdo.
