¿Te imaginas que te suspenden de tu trabajo por una acusación seria, pero un juez te obliga a mantener tu segundo curro, que casualmente es de seguridad? Pues eso es exactamente lo que le pasó a Jeffrey Lane, un agente de la policía de San Diego, en una historia que suena más a guion de comedia negra que a la vida real en pleno 2013.
Lane, que llevaba nada menos que 11 años en el cuerpo, fue apartado de sus funciones en marzo de 2013 con sueldo pagado. ¿El motivo? Unas acusaciones de acoso bastante peliagudas por parte de su exnovia. Hasta ahí, todo dentro de lo que podríamos considerar ‘normal’ en estos casos de baja temporal por investigar. Pero aquí viene lo bueno.
Resulta que el señor Lane tenía una doble vida laboral bastante activa. Además de policía, se ganaba un extra como vigilante de seguridad en los partidos de béisbol de los Padres de San Diego y otros eventos que se celebraban en el Petco Park. Cuando la ciudad se enteró (o recordó esta faceta) y vio la situación, pensó con toda la lógica del mundo: «¡Un momento! Un agente suspendido por posible mala conducta no puede andar por ahí con un uniforme de seguridad, ¡que da una imagen malísima a la ciudad!». Intentaron prohibirle este segundo empleo, basándose en una ordenanza municipal que impedía a los empleados en excedencia por mala conducta tener otros trabajos que pudieran «desacreditar» a la imagen de la ciudad. Lógico, ¿verdad? Pues no tan rápido.
Ahí entró en juego la justicia, con el juez Timothy Taylor al mando. Y su veredicto fue… ¡que Lane podía seguir trabajando de seguridad! ¿La razón? Pues porque la famosa ordenanza municipal era «inconstitucionalmente vaga». Sí, como lo oyes. El juez argumentó que la norma no especificaba qué tipo de «deshonra» o «mala conducta» se refería exactamente, dejando demasiado margen a la interpretación. Básicamente, la burocracia se mordió la cola en un bucle infinito.
El abogado de Lane, Richard Pinckard, se frotaba las manos con la decisión. Su cliente, argumentó, era inocente hasta que se demostrara lo contrario, no había sido acusado de ningún delito y, además, ya estaba perdiendo dinero (su sueldo de policía era de unos 72.000 dólares anuales, mientras que el de seguridad pagaba la ‘friolera’ de 16 dólares la hora). ¡Hay que pagar las facturas, oiga!
Por otro lado, Mark Blake, de la fiscalía de la ciudad, debía estar tirándose de los pelos. Para él, era una cuestión de «confianza pública» y permitir que un agente con estas acusaciones siguiera con un trabajo de seguridad era un auténtico despropósito y una falta de respeto a los ciudadanos. Pero la letra pequeña de la ley, o más bien, su falta de concreción, le dio un buen revés legal.
Así que ahí lo tenemos: un policía bajo sospecha de acoso, de baja remunerada, que judicialmente tiene la obligación –o al menos el permiso, que para el caso es lo mismo– de seguir poniéndose un uniforme de seguridad. Una situación tan surrealista que te hace dudar si estás leyendo el periódico o el guion de la próxima serie de humor absurdo. La ciudad, por supuesto, tenía la opción de apelar. Veremos si la saga de Jeffrey Lane continuó añadiendo más capítulos a este particular culebrón judicial, o si la lógica acabó imponiéndose.
