Imagina que estás en la cárcel de Ohio y te dan a elegir: ¿sigues puliendo la reja o te bajas al subsuelo a picar carbón para salir antes? Pues esto no es un guion de película distópica, sino una propuesta real que dos lumbreras del parlamento de Ohio se sacaron de la chistera allá por octubre de 2013. Bob Peterson y Timothy Derickson, que así se llamaban los diputados republicanos en cuestión, pensaron que habían dado con la piedra filosofal para dos problemas de una tacada: la falta de mano de obra en las minas y, de paso, echar un cable con el hacinamiento en las prisiones. ¡Dos pájaros de un tiro, según ellos!
Su brillante idea, plasmada en la House Bill 251, consistía en mandar a los presos de baja peligrosidad —es decir, a aquellos «delincuentes no violentos y de bajo riesgo» que no habían liado una gorda— a currar en las minas de carbón del estado. ¿La zanahoria? Una reducción de diez días de condena por cada treinta días que pasaran bajo tierra. Y, por si fuera poco, les pagarían diez dólares al día, no para que se fueran de copas al salir, sino para un fondo destinado a las víctimas. Un detalle, sin duda, con un toque… digamos, filantrópico y práctico, pues así se evitaba que los presos salieran con dinero del contribuyente en el bolsillo, decían los defensores.
Claro, la cosa no sentó precisamente bien a todo el mundo, como era de esperar. El sindicato de mineros, el United Mine Workers of America (UMWA), no tardó en levantar la voz al cielo, tildando la iniciativa de «trabajo esclavo» y advirtiendo de los peligros inherentes a una profesión ya de por sí arriesgada, incluso para los mineros más curtidos y experimentados. Y no era para menos; ¿mandar a gente sin experiencia, y encima privada de libertad y con pocas opciones, a jugarse el pellejo en el pozo? Sonaba más a la época victoriana o a un gulag que a una propuesta legislativa del siglo XXI en Estados Unidos.
Los críticos no tardaron en recordar que esto olía a chamusquina, trayendo a la memoria la oscura y vergonzosa práctica del «convict leasing» (arrendamiento de convictos) que se utilizaba antaño en EE. UU. tras la Guerra Civil, donde los estados «alquilaban» a sus prisioneros a empresas privadas para que trabajaran en condiciones infrahumanas. Vamos, que la historia, por desgracia, nos daba un ‘déjà vu’ con tintes muy poco graciosos y un regusto a explotación. Mientras los defensores del proyecto argumentaban que era una «formación profesional» para los reclusos y una solución para la escasez de personal en la minería, la sombra de la explotación era demasiado alargada y difícil de ignorar.
Así que, entre el peligro inherente de las minas, la ética de «ofrecer» trabajo a quien tiene pocas alternativas y el regusto a prácticas del pasado, la propuesta de Ohio se convirtió en un ejemplo de cómo, a veces, las ideas más «ingeniosas» pueden ser también las más polémicas. ¡Menudo marrón!
