Imagina una agencia gubernamental, encargada de proteger nuestra salud y el medio ambiente, pidiéndole a un juez que por favor, ¡anule sus propias decisiones! Pues, señoras y señores, esto no es un guion de comedia absurda, es la realidad que nos ha brindado la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, y la verdad es que nos ha dejado con la boca abierta y un sabor de boca bastante amargo.
La cosa es que la EPA, hace no mucho, se puso seria con los PFAS, esas sustancias perfluoroalquiladas conocidas cariñosamente como «químicos para siempre». Son unos tipos duros que se usan en todo, desde sartenes antiadherentes hasta espumas contra incendios, y tienen la desagradable costumbre de quedarse en el medio ambiente y en nuestros cuerpos, causando un sinfín de problemas de salud, desde cáncer hasta desajustes en el sistema inmune. La administración Biden, apostando por la ciencia de vanguardia, dictó unas directrices clarísimas: los niveles de PFOA y PFOS (dos de los PFAS más conocidos) en el agua potable debían ser prácticamente cero. Un paso gigante para la salud pública, ¿verdad? Pues no tan rápido, que la trama se complica.
Como era de esperar, la poderosa industria química (hablamos de gigantes como DuPont, Chemours, 3M o Solvay) no se quedó de brazos cruzados. ¡Ni hablar de que les toquen el chollo! Presentaron una demanda, alegando que la EPA se había pasado de la raya y no había seguido los procedimientos científicos adecuados. Vamos, lo de siempre, pero esta vez con un giro argumental de 180 grados que ni el mejor director de cine habría imaginado.
Aquí es donde la historia coge tintes surrealistas. Tras unas negociaciones que nadie vio venir (o al menos nadie que no estuviera en los despachos), la EPA ha hecho un giro inesperado. Ha ido al tribunal y ha pedido ¡que se revoquen sus propias normas! Sí, han leído bien. La agencia que puso las reglas ahora pide deshacerlas. La justificación oficial de la EPA es que quieren «asegurar una base legal y científicamente sólida» para sus regulaciones. Pero claro, los grupos ecologistas se han echado las manos a la cabeza. Han calificado esto de «acuerdo a puerta cerrada» y una «traición» en toda regla. Y no es para menos, ¿verdad? Es como si el árbitro del partido de repente pidiera que se anule un gol que él mismo pitó, porque el equipo rival le ha invitado a un café.
La implicación es seria: si esta marcha atrás se materializa, millones de personas en Estados Unidos seguirán expuestas a estos «químicos para siempre» en su agua. Un trago amargo, nunca mejor dicho. Este episodio nos deja con la mosca detrás de la oreja y nos hace preguntarnos quién defiende realmente la salud pública cuando los pesos pesados de la industria entran en juego. Un recordatorio de que, a veces, la realidad supera a la ficción más disparatada.
