En un giro que haría llorar de la risa a cualquier guionista de sátira política, Gales ha decidido dar un paso de gigante, o quizás un paso obvio, en la ética gubernamental: ¡se prohíbe mentir! Sí, señoras y señores, la Asamblea galesa (Senedd) ha introducido una nueva y revolucionaria cláusula en su código de conducta que obliga a los Miembros del Senedd (MSs) a no proporcionar información que sepan que es falsa o engañosa. Lo que parece una obviedad en cualquier trabajo medianamente serio, ha causado un auténtico revuelo en el pantano político local.
La norma, que se centra específicamente en no ‘engañar deliberadamente’ al Senedd o al público, ha sido acogida con una mezcla de aplausos y un desconcierto profundo, especialmente entre algunos de los propios afectados. La gran pregunta que flota en el aire es: ¿Necesitábamos una ley para esto? Y, más dramáticamente, ¿es esto un ataque a la libertad de expresión de los políticos?
La controversia la ha encendido, en parte, el conservador Gareth Davies, que ha sugerido que esta estricta adherencia a la verdad podría tener un ‘efecto escalofriante’ en el debate. Imaginen el escenario: un político, que siempre ha tenido la barra libre para adornar, exagerar o directamente inventar, ahora tiene que pensárselo dos veces antes de abrir la boca. Es como decirle a un pulpo que no lance tinta. Davies y otros han argumentado que limitar lo que se considera ‘engañoso’ podría interferir con el discurso político legítimo, ese discurso que a veces requiere de, digamos, una ‘interpretación creativa’ de los hechos.
Detrás de este movimiento ético está el deseo de restaurar la confianza pública, erosionada tras varios escándalos recientes. Pero el chascarrillo es inevitable: ¿hasta ahora mentir era un derecho fundamental? La norma busca poner coto a la desinformación intencionada y a la propaganda burda. Si un MS miente a sabiendas, se arriesga a ser investigado por el Comisionado de Normas, lo que podría llevar a sanciones. En esencia, la nueva regla establece que la honestidad no es opcional, sino un requisito laboral básico.
Ahora solo queda esperar a ver si esta legislación se extiende al resto del Reino Unido o incluso al resto del mundo. De momento, en Gales, parece que la verdad se ha colado por la puerta grande de la política, aunque sea con una orden judicial que la respalde. Un gran día para la burocracia, un día negro para la imaginación descontrolada de algunos portavoces.
