Agárrense, que vienen curvas. En un giro que solo se puede calificar de… digamos, «peculiar», el Departamento de Estado de Estados Unidos está cocinando una propuesta que dejaría a más de uno con la boca abierta y la máquina de verificar datos echando humo. La idea es sencilla y, a la vez, tremendamente enrevesada: denegar visados a esos extranjeros que se dedican a la noble (y a veces ingrata) tarea de verificar hechos y que, ¡ojo al dato!, osen etiquetar como «desinformación» o «información errónea» las declaraciones de funcionarios del gobierno de EE.UU.
Sí, han leído bien. Parece que la Casa Blanca y compañía están un poco hartos de que les lleven la contraria, especialmente si esa contraria viene de fuera de sus fronteras. La cosa es que, si eres un fact-checker con pasaporte extranjero y tu trabajo implica señalar que un alto cargo estadounidense ha patinado con alguna afirmación, podrías ver cómo tus planes de visitar la Estatua de la Libertad se van al traste. La propuesta es tan directa como una patada en la espinilla: «Participar en la difusión de desinformación o información errónea que tenga un impacto adverso demostrable en la seguridad nacional o los intereses de política exterior de EE.UU.», será motivo para revocar o denegar un visado. Pero la guinda del pastel es la coletilla que protege a los funcionarios de ser el objeto de esas verificaciones.
La ironía, claro está, no ha pasado desapercibida. Un país que a menudo se erige como abanderado de la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación, ahora parece que quiere jugar con sus propias reglas, o más bien, con un «aquí no se cuestiona a la autoridad» de libro. La propuesta, que aún está en fase de comentarios públicos (con 60 días para que la gente dé su opinión, que empezó el 19 de octubre de 2023), ha sido recibida con una mezcla de perplejidad y sonrisas irónicas. Algunos lo ven como un intento descarado de blindar el discurso oficial, mientras que otros no pueden evitar el pensamiento de «¿y si esta medida se aplicara en todos los países?». ¡El mundo sería un lugar muy silencioso para los verificadores!
Por supuesto, hay matices. La norma no aplicaría a los ciudadanos estadounidenses (ellos pueden seguir diciendo lo que quieran, o al menos intentarlo), y se enfoca en actividades que supuestamente tienen un «impacto adverso» en la seguridad nacional o la política exterior. Pero la ambigüedad de «desinformación» y la posibilidad de que se utilice para silenciar la crítica legítima es lo que tiene a muchos con la mosca detrás de la oreja. En resumen, parece que el Tío Sam prefiere que sus «verdades» no se fact-checkeen demasiado de cerca si el fact-checker viene de fuera. Un auténtico partidazo en la cancha de la posverdad.
