Imagínate la escena: un barrio tranquilo en Watertown, Minnesota. Un jubilado simpático llamado Dwight M. Johnson decide que tiene demasiado tiempo libre y una mano increíble para la cocina. ¿Qué hace? Pues lo que haría cualquier buen vecino: monta una mesita en su jardín, la llena de delicias caseras como encurtidos, compota de manzana y bizcochos, y le pone un cartel bien grande que dice ‘GRATIS’. Un gesto de pura generosidad para compartir su afición con la comunidad.
Hasta aquí todo parece sacado de una película entrañable, pero es en este punto donde la burocracia decide hacer una entrada triunfal y aguar la fiesta. El Ayuntamiento de Watertown, alertado por la queja de un vecino anónimo (siempre hay uno), le envió a Dwight una carta que es una auténtica joya. En ella, le comunicaban que estaba ‘operando un negocio de comida desde su casa’, lo cual, según las ordenanzas municipales, es más ilegal que un billete de tres euros.
La lógica del ayuntamiento es, cuanto menos, para enmarcar. Según el administrador de la ciudad, Shane Fineran, la ordenanza es tan amplia que no importa si se intercambia dinero o no. El simple hecho de distribuir comida, aunque sea regalada, se considera una actividad comercial. El motivo de fondo, según ellos, es la preocupación por la salud pública. Porque, claro, ¿quién sabe qué oscuros secretos puede esconder un bote de mermelada casera hecho con cariño? Un peligro para la sociedad, sin duda.
Dwight, que lleva dos años con su puesto de ‘contrabando’ de amabilidad, no da crédito. ‘¿Cuál es el problema en ser amable?’, se pregunta, y con razón. Para él, es simplemente una forma de ser un buen vecino. No quiere sacar una licencia comercial porque, evidentemente, no está vendiendo nada. Es un hobby, una forma de conectar con la gente.
Por suerte, el resto del vecindario no comparte la opinión del ‘vecino X’ ni del ayuntamiento. Sus vecinos están encantados con la iniciativa y apoyan a Dwight, considerando una pena que alguien se haya quejado de un gesto tan bonito. Pero la ley es la ley, por muy absurda que parezca. Le han dado de plazo hasta el 10 de octubre para desmantelar su ‘red criminal’ de productos gratuitos. El ayuntamiento dice estar dispuesto a ‘trabajar con él’ para buscar una solución, quizás cambiando la ordenanza. Mientras tanto, la mesa de la generosidad permanece vacía, a la espera de que el sentido común le gane la batalla a la normativa. Seguiremos informando sobre el ‘Caso del Encurtido Clandestino’.
