Parece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tiene una visión muy particular de lo que significa un mal día en la oficina… o en una manifestación. Si pensabas que la Cuarta Enmienda de la Constitución, esa que te protege de registros e incautaciones irrazonables, era tu escudo definitivo contra el exceso de autoridad, el DOJ está aquí para ponerte un poco de pimienta en los ojos (literalmente) y decirte que no.
La historia viene de Portland, Oregón, donde las protestas de 2020 llevaron a varios enfrentamientos con agentes federales. Algunos de esos manifestantes, supuestamente inocentes, fueron rociados con spray pimienta y otras sustancias químicas utilizadas para el control de masas. Obviamente, varios de ellos decidieron demandar al gobierno por el uso excesivo de la fuerza contra la población civil.
Aquí es donde la cosa se pone legalmente surrealista. El DOJ ha presentado una defensa que dejaría a cualquier experto constitucional rascándose la cabeza, preguntándose si acaban de asistir a una clase de filosofía del derecho o a un capítulo de ciencia ficción legal. Argumentan que el uso de químicos de control de masas, como el spray pimienta o el gas lacrimógeno, contra una multitud, no cuenta como una ‘incautación’ (seizure) bajo el significado técnico de la Cuarta Enmienda.
En términos sencillos, el gobierno está diciendo: ‘Vale, te han bombardeado con químicos y te has quedado ciego temporalmente, pero como no te hemos puesto las esposas ni te hemos llevado a comisaría, esto no es una ‘incautación’ y, por tanto, no podemos juzgar si la fuerza fue ‘excesiva’ bajo el estándar legal que se aplica durante un arresto’.
Este tecnicismo legal es clave. Si los tribunales aceptan esta interpretación, los agentes federales y la policía tendrían mucha más libertad para usar la fuerza no letal contra manifestantes (como rociarlos con irritantes químicos), ya que el listón legal para demostrar que se han violado tus derechos se vuelve mucho más alto y menos específico. En lugar de la Cuarta Enmienda, el DOJ sugiere que se aplique el estándar de ‘inmunidad cualificada’ o de ‘debido proceso sustantivo’, lo cual, para un ciudadano de a pie, significa que es casi imposible que gane el caso por ser bañado en gas pimienta.
Para el DOJ, parece que echar un poco de gas lacrimógeno es más parecido a una molestia climática pasajera que a un ataque físico serio que merezca la protección constitucional estándar. Es una pirueta legal impresionante, un intento descarado de blindar a los agentes contra demandas futuras. En cualquier caso, si vas a una manifestación en EE. UU., quizás debas llevar ya tus propias gafas de natación y un pañuelo bien empapado. Por si acaso la próxima ‘lluvia’ resulta ser un cóctel químico legalmente aceptado.
