Imagina la escena: tu casa es asaltada por un equipo SWAT al completo, con entrada por la fuerza, gases lacrimógenos y, para rematar, acaban deteniendo a tu hijo. Pues bien, esto les ha pasado a dos familias en Citrus County, Florida. Y no una vez, sino dos historias calcadas con un final peculiar: pedir una rebaja en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los destrozos.
La primera familia, los Schaffer, se encontró con la puerta principal hecha añicos, un agujero en la pared y la vivienda impregnada de gas lacrimógeno en agosto de 2011. ¿El motivo? Su hijo, Robert, estaba implicado en un tiroteo y el SWAT fue a buscarle. Los daños, según ellos, ascendían a unos 4.000 dólares en reparaciones más unos 10.000 por la limpieza del gas. Vamos, una faena.
Un año más tarde, en septiembre de 2012, les tocó a los Rehm. Misma historia: puerta destrozada, paredes dañadas y la casa pasada por un ‘spray’ de gas lacrimógeno. En esta ocasión, buscaban a su hijo, Michael Jr., por un robo con allanamiento de morada. Estimaban unos 2.000 dólares en arreglos y entre 10.000 y 15.000 en limpieza. Un auténtico festival del ‘unboxing’ policial.
Ambas familias, con sus hijos ya entre rejas (uno con 10 años de condena, el otro con 15), decidieron que estos ‘desperfectos con historia’ debían traducirse en una reducción de la valoración de sus propiedades y, por tanto, en un IBI más bajo. ¡Faltaría más! Si tu casa huele a gas antidisturbios, ¿quién la querría comprar al mismo precio, verdad?
Pero aquí entra Geoff Greene, el tasador de propiedades de Citrus County, con una lógica aplastante (y quizás un poco aguafiestas). Según él, el valor de mercado de una propiedad no cambia por este tipo de percances. Lo considera un «daño temporal y reparable», como si de una discusión familiar con rotura de jarrones se tratara. «Si a tu coche se le pincha una rueda, no baja su valor de mercado; se la arreglas y listo», sentenciaba Greene, dejando claro que lo que cuenta es la estructura y el valor del terreno, no el trauma de la puerta forzada o el olor a spray pimienta.
El abogado de los Schaffer, John Gastner, intentó argumentar que el gas lacrimógeno «lo impregna todo» y que, según las leyes estatales, el tasador debería considerar «daños por contaminantes ambientales». Una baza curiosa para intentar colar una rebaja fiscal por daños colaterales de una operación policial.
Sin embargo, la Junta de Ajuste de Valores (VAB) no se dejó convencer y denegó ambas apelaciones en septiembre de 2013. A las familias les queda la opción de llevar el caso a los tribunales, aunque el tasador Greene ya ha dejado claro que es un precedente que no piensa sentar. Al final, parece que el «pack SWAT» no incluye descuento en los impuestos, y las reparaciones de los ‘recuerditos’ de la justicia correrán a cargo de los propietarios. La vida sigue, y los impuestos también.
