Imaginen la escena: un grupo de activistas, con la adrenalina a tope, decide que la mejor manera de llamar la atención sobre el conflicto de Gaza es ocupar la azotea del corazón político de Suiza, la Cancillería Federal (Bundeshaus), en Berna. Despliegan sus pancartas, quizás se toman unos selfies rebeldes, y se preparan para la confrontación ideológica. Esperan quizás una multa, un arresto, o un tirón de orejas legal de manual. Pero esto es Suiza, amigos. Aquí la eficiencia y la contabilidad son sagradas, incluso en el caos del activismo político.
En un giro que solo se podría definir como ‘burocracia épica’, el Consejo Federal suizo demostró que su respuesta al activismo no solo es firme, sino meticulosamente cuantificada. Tras lograr el desalojo de los manifestantes del tejado, la respuesta de las autoridades fue enviarles una factura. Sí, una factura formal, con membrete oficial y desglosada como si fuera la cuenta de un restaurante muy caro.
El Gobierno no solo se molestó en cubrir los costes derivados del operativo de seguridad, que implicó el despliegue de personal especializado para la retirada de los manifestantes, sino que también incluyó el coste de la limpieza posterior y cualquier daño menor que pudiera haberse ocasionado en la preciada azotea federal. Este movimiento tan ‘suizo’ convierte la protesta política en una transacción comercial donde el activista, además de arriesgarse a ser detenido, debe enfrentarse a la temida tasa de ocupación indebida y los gastos de envío de la policía. Es la prueba de que en Suiza hasta las protestas más serias tienen un coste final que te llega por correo ordinario. En resumen: si vas a ocupar un edificio gubernamental en la tierra del chocolate y los relojes, asegúrate de haber ahorrado lo suficiente.
